En la noche del miércoles se realizó nuevamente una sesión especial en el Concejo Deliberante local, tratándose temas importantes para la vida diaria de la población en general, teniendo en cuenta el peligro que significa la propagación del Covid-19 (coronavirus).
Primeramente se presentó un proyecto de ordenanza por el cual se crea un registro de trabajadores de galpones de acopio, transporte de carga y descarga y de transporte de pasajeros de corta y larga distancia dentro de la jurisdicción de Santa Lucía. En el mencionado registro se detallarán datos personales (nombre, dni, domicilio), se les preguntará si son residentes o no y si los mismos permanecerán en carácter temporal o permanente. Si la persona proviene o estuvo recientemente en una jurisdicción afectada por el virus, se la interpelará a realizar la cuarentena correspondiente, caso contrario será deportado a su lugar de origen.
Se afectará para esta labor al área de bromatología, salud y dependencias que el Departamento Ejecutivo Municipal considere pertinente. También se solicitará la colaboración de la fuerza policial. La ordenanza también expresa que la información brindada por los propietarios y/o responsables a las autoridades municipales reúne el carácter de declaración jurada y ante la omisión y/o falsedad de la información, recibirán multas y denuncias penales.
Luego se trató otro proyecto de ordenanza por el cual se cierra el ingreso a la ciudad de Santa Lucía por cualquiera de sus vías de acceso, ya sea por transporte público o privado, a partir de la entrada en vigencia de la ordenanza hasta el 31 de Marzo. Dicha tarea estará a cargo de la Dirección de Tránsito, Policía de la Provincia y Gendarmería Nacional.
Quedan excluidas de esta ordenanza las personas que residen en Santa Lucía o trabajen en la ciudad, como así también el servicio de ambulancia, emergencias, transporte de carga de insumos y mercadería indispensables para la población, quienes tendrán un ingreso restringido y una salida inmediata.
Ambos proyectos de Ordenanza fueron aprobados por unanimidad. Estas medidas se implementan con el objeto de evitar la transmisión del coronavirus y resguardar a los ciudadanos, en especial a las personas mayores de edad y las que forman parte de los grupos de riesgo.
